El Congreso salvadoreño aprobó una reforma constitucional que elimina el límite máximo de 60 años de prisión para ciertos delitos graves y mantiene a esos criminales en prisión de por vida.
TRES CLAVES:
1. La reforma fue aprobada por 59 de 60 diputados y elimina la prohibición de penas perpetuas.
2. El régimen de excepción vigente ha dejado 91.500 detenidos sin orden judicial por supuesta vinculación con pandillas.
3. Organizaciones internacionales denuncian violaciones a derechos humanos y juicios masivos sin garantías.
La medida fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso, en medio de un régimen de excepción que ha permitido la detención masiva de personas acusadas de pertenecer a pandillas, sin orden judicial ni procesos individuales adecuados.
El gobierno de Nayib Bukele sostiene que esta política es necesaria para mantener la seguridad y reducir la violencia, que descendió a niveles históricos.
A pesar de ello, organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Bukele cometió graves violaciones incluyendo muertes en prisión y desapariciones forzadas, además de juicios masivos que han afectado, también, a personas inocentes.
El Salvador tiene la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con unos 1.700 presos por cada 100.000 habitantes.
