A 62 años del inicio de la dictadura militar, Brasil recuerda la fecha entre actos de memoria, debates públicos y persistentes reclamos por verdad, justicia y el esclarecimiento del destino de los desaparecidos políticos.
TRES CLAVES
1). Los días 31 de marzo y 1 de abril de 1964 fueron fechas marcadas por un golpe de Estado y el inicio de un régimen que se extendió por 21 años.
2). Según investigaciones oficiales, al menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas por motivos políticos durante el período.
3) A más de seis décadas después del comienzo de aquella etapa oscura de la historia nacional, uno de los principales pendientes sigue siendo el destino de los desaparecidos.
Más de seis décadas después del comienzo de aquella etapa oscura de la historia nacional, uno de los principales pendientes sigue siendo el destino de los desaparecidos.
Un reporte publicado este miércoles por la Agencia Brasil señala que la falta de una política de Estado articulada continúa dificultando la búsqueda de desaparecidos forzados, una demanda histórica de familiares y organismos de derechos humanos.
La fragmentación institucional, la escasez de recursos y el acceso limitado a archivos militares siguen siendo obstáculos clave.
“No existe un programa nacional, ni un programa establecido, ni un marco institucional para la búsqueda de personas desaparecidas ni para el trabajo forense de identificación humana”, declaró a ese medio Edson Teles, coordinador del Centro de Antropología y Arqueología Forense (CAAF) de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).
De acuerdo con esa fuente, investigadores de la CAAF trabajan actualmente en la identificación de mil 49 cajas que contienen restos humanos, halladas en la fosa común clandestina del cementerio Dom Bosco en Perú, São Paulo, en 1990.
Entre los enterrados se encontraban disidentes políticos desaparecidos, víctimas de la dictadura militar, apuntó Agencia Brasil.
Para los trabajos de identificación de restos, la institución depende de la renovación periódica de financiamiento, el cual fue cortado durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023), y luego renovado en el actual mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.