El Gobierno de Bolivia eliminó normas que facilitaron la contratación directa en obras públicas durante 20 años, vinculadas a corrupción por 1.235 millones de dólares en una medida que busca transparentar la gestión y auditar contratos previos.
TRES CLAVES:
1. Se anularon 161 decretos usados para adjudicar obras sin licitación desde 2006.
2. La contratación directa permitió malversar fondos en hospitales, escuelas y museos.
3. El Gobierno auditará contratos pasados y aplicará procesos transparentes en adelante.
El presidente Rodrigo Paz calificó las normas anuladas como un “ataque directo a un modelo de corrupción”.
Entre las obras afectadas está el Museo de Orinoca, que costó cerca de 8 millones de dólares, y múltiples infraestructuras públicas que quedaron incompletas o abandonadas.
El ministro José Luis Lupo señaló que el sistema favoreció a amigos, familiares y miembros del partido gobernante para obtener contratos millonarios sin controles en una práctica que generó “elefantes blancos” como aeropuertos sin uso comercial y hospitales sin funcionamiento adecuado.
Con la eliminación de estas normas, el Gobierno busca erradicar el direccionamiento en la contratación pública y garantizar procesos auditables y transparentes.
La medida implica una revisión exhaustiva de los contratos otorgados bajo este esquema para evitar que se repitan irregularidades.