La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó la firma del contrato para la construcción de la mina de oro Cangrejos, en la provincia de El Oro, en el sur, debido a los riesgos ambientales y sociales. La construcción de la obra estará a cargo de una empresa de origen. La mina será la primera a cielo abierto a gran escala del país.
Tres claves
1).- El proyecto tiene una vida útil estimada de 26 años y una extensión cercana a 5.000 hectáreas y según el movimiento indígena pone en riesgo el equilibrio hídrico de la región.
2).-El gobierno del presidente Daniel Noboa firmó un contrato con la empresa ODIN Mining filial del Grupo Chino CMOC.
3).- Las autoridades también indicaron que el contrato garantiza una participación estatal del 50%. El proyecto deberá cumplir con procesos técnicos antes de iniciar su construcción, prevista para antes de finales de 2027.
La organización indígena cuestionó en sus redes sociales al Gobierno de Daniel Noboa por suscribir el acuerdo con la empresa ODIN Mining, filial del grupo chino CMOC Group, para desarrollar lo que sería la primera mina de oro a cielo abierto a gran escala en el país.
“No es desarrollo, es el saqueo de nuestros minerales y fuentes de agua para beneficio transnacional. ¿Quién decide el futuro del Ecuador?”, señaló la Conaie, que sostiene una postura histórica contra la minería metálica a gran escala.
El movimiento indígena alertó que el proyecto, con una vida útil estimada de 26 años y una extensión cercana a cinco mil hectáreas, pone en riesgo el equilibrio hídrico de la región, clave para actividades como la agricultura y el abastecimiento de comunidades.
“El agua vale más que el oro”, enfatizó la organización en sus mensajes, donde también advirtió que la minería a cielo abierto implica el uso de químicos tóxicos, contaminación de ríos y destrucción de ecosistemas.
Según la organización, la iniciativa representa “un verdadero ecocidio” y deja impactos permanentes en los territorios, mientras los beneficios económicos se concentran fuera del país.
En contraste, el Gobierno ecuatoriano defendió el proyecto al señalar que implicará una inversión superior a mil 700 millones de dólares y la generación de más de mil empleos directos, además de ingresos estimados para el Estado por más de cuatro mil 300 millones de dólares.
Las autoridades también indicaron que el contrato garantiza una participación estatal del 50 por ciento y que el proyecto deberá cumplir con licencias ambientales y procesos técnicos antes de iniciar su construcción, prevista para antes de finales de 2027.
No obstante, la Conaie cuestiona esas garantías y advierte que experiencias similares en la región han dejado pasivos ambientales y conflictos sociales.
El proyecto se ubicará entre los cantones Santa Rosa y Atahualpa, en una zona con tradición minera, pero donde también existen comunidades que dependen de fuentes hídricas para su subsistencia.
“Cuando falte el agua, nadie podrá comer oro”, subrayó el colectivo en su pronunciamiento.