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Ordenan el regreso a Estados Unidos de una colombiana deportada al Congo sin consentimiento  

Un juez federal exigió que el Gobierno de Estados Unidos repatríe a Adriana María Quiroz Zapata, deportada a la República Democrática del Congo pese a que el país africano rechazó su ingreso por razones médicas en una decisión que cuestiona la política de deportaciones a terceros países del gobierno trumpista.  

TRES CLAVES:  

1. Quiroz Zapata fue deportada a Congo el 16 de abril, aunque el país negó aceptarla por falta de atención médica adecuada.

2. La mujer padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, condiciones que requieren cuidados que Congo no puede garantizar.

3. El juez Richard J. Leon consideró que la deportación probablemente viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y ordenó su retorno inmediato.

Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, fue deportada desde Estados Unidos a la República Democrática del Congo en abril de 2026, a pesar de que las autoridades congoleñas rechazaron su ingreso debido a la imposibilidad de brindar la atención médica que necesita. 

La mujer huyó de Colombia por amenazas vinculadas a su expareja, con conexiones en la policía nacional colombiana, y un juez estadounidense había reconocido el riesgo de tortura si regresaba a su país.  

El juez Richard J. Leon ordenó al Gobierno de Donald Trump que facilite el regreso inmediato de Quiroz Zapata, señalando que su deportación a un país que no la aceptó y no puede atender sus enfermedades crónicas representa un daño irreparable y un riesgo de muerte. 

Esta resolución pone en evidencia las controversias y posibles ilegalidades en la política de deportaciones a terceros países implementada por la administración Trump.  

El caso recuerda la situación del salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, deportado erróneamente a El Salvador y luego repatriado tras una batalla legal, lo que refleja la tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo en materia migratoria. 

La orden judicial busca garantizar la supervisión y cumplimiento de las leyes de inmigración para evitar abusos y proteger los derechos de los deportados.

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