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La Asamblea Nacional acompañará la consulta por la reforma judicial penal en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela acompañará la Gran Consulta Nacional por la Reforma del Sistema Judicial Penal, que comenzará el próximo 1° de junio. Así lo informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además planteó que, una vez completada la transformación del sistema, el Legislativo buscará avanzar en códigos que agrupen leyes del sistema de justicia venezolana

Tres claves

1. Consulta nacional desde junio.
La Gran Consulta Nacional por la Reforma del Sistema Judicial Penal comenzará el 1° de junio y será acompañada por la Asamblea Nacional como parte de un proceso de debate público y legislativo. 

2. Reforma judicial y debido proceso.
Rodríguez vinculó la consulta con la necesidad de enfrentar problemas estructurales del sistema judicial, entre ellos el retardo procesal, y de fortalecer el debido proceso para la población venezolana. 

3. Hacia nuevos códigos legales.
El Parlamento busca que, tras la reforma profunda del sistema penal, se avance en códigos que agrupen leyes del sistema de justicia, con el objetivo de ordenar y robustecer la normativa venezolana.

El anuncio se suma a las modificaciones recientes en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Según Rodríguez, esa reforma tuvo como norte mejorar el funcionamiento institucional, ampliar la capacidad de respuesta del TSJ y acelerar procesos pendientes. En particular, destacó que el aumento de magistrados puede contribuir a reducir el retardo procesal y fortalecer áreas como la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura. 

La consulta se presenta como un paso previo a una transformación más amplia del sistema penal. La Asamblea Nacional afirma que acompañará el proceso y que luego impulsará instrumentos legislativos capaces de reunir y ordenar leyes vinculadas con la justicia venezolana.

El eje político del planteo es que la reforma no quede limitada a medidas aisladas. El Parlamento busca convertir la consulta nacional en una base para reestructurar normas, instituciones y procedimientos del sistema penal, con foco en mayor eficiencia, agilidad procesal y protección de derechos.

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