El entendimiento incluye un aumento salarial del 24,33%, una partida de $800.000 millones para funcionamiento y revisiones trimestrales por inflación. Aunque los gremios acompañaron, los rectores aclararon que es un «alivio temporal» y mantendrán la vía judicial.
Tras casi tres años de un duro enfrentamiento que incluyó paros, tomas de facultades y masivas movilizaciones en todo el país, el Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas firmaron este miércoles un acta acuerdo en el Palacio Sarmiento. El pacto financiero y salarial busca normalizar el funcionamiento de las casas de estudio y garantizar el dictado de clases.
El eje central del acuerdo establece un incremento salarial del 24,33% para el personal docente y no docente, el cual se abonará de forma desdoblada: un 21,33% en junio y el 3% restante en octubre. Según explicaron las autoridades, este porcentaje busca compensar el desfasaje inflacionario de 2025, la inflación acumulada en lo que va de 2026 y otorgar un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo sufrida durante 2024. Asimismo, se fijó un cuarto intermedio de tres meses para iniciar revisiones trimestrales ajustadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
En el aspecto presupuestario, el Ministerio de Economía autorizó el desembolso de $800.000 millones. De ese total, $50.000 millones se destinarán de forma exclusiva a los hospitales universitarios —sumándose a los $80.000 millones ya asignados previamente—, mientras que los gastos generales de funcionamiento de las universidades recibirán un aumento del 20%. En cuanto a la ayuda estudiantil, se dispuso una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano para carreras estratégicas, aunque las becas Progresar quedaron fuera del beneficio.
El trasfondo de una larga disputa
La firma del documento representa una tregua en una de las disputas más largas de la gestión actual. El conflicto estuvo marcado por cuatro marchas federales multitudinarias y un fuerte deterioro institucional que, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), provocó la pérdida de casi 10.000 docentes que migraron al sector privado o al extranjero.
La pulseada llegó a su punto más crítico tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Luego de que el Congreso ratificara el veto, el Ejecutivo suspendió la norma por decreto argumentando riesgos para las arcas públicas. La batalla legal posterior derivó en un fallo de la Cámara Federal a favor de las universidades, lo que obligó al Gobierno a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Reacciones y posiciones encontradas
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, celebró el consenso alcanzado y enfatizó la necesidad de «dejar atrás el conflicto» para enfocarse en la recuperación de los días de clase perdidos. Por el lado sindical, gremios mayoritarios como Conadu, Ctera, Fedun, Fagdut, Fatun y UDA respaldaron la propuesta, con la única excepción de Conadu Histórica, que rechazó los términos.
A pesar de la firma, el CIN adoptó una postura cautelosa. Los rectores aclararon que, si bien el acuerdo otorga un alivio financiero indispensable para el corto plazo, «de ninguna manera es definitivo ni suficiente». En ese sentido, advirtieron que la solución de fondo sigue siendo la aplicación plena de la ley de financiamiento, por lo que confirmaron que mantendrán vigente la demanda judicial ante la Corte Suprema hasta que se logre una resolución estructural.