Jefes comunales de todo el país coincidieron en un duro diagnóstico por la parálisis de la obra pública, la quita de subsidios al transporte y la caída de la recaudación. Reclamaron una mesa de diálogo urgente con la Casa Rosada.
En una demostración de fuerza territorial y preocupación compartida, más de un centenar de intendentes de diversas provincias y signos políticos se congregaron para evaluar el severo impacto económico que las políticas de la administración de Javier Milei están provocando en los municipios. El encuentro, que combinó presencialidad y participación virtual, sirvió para unificar reclamos y diseñar una estrategia común ante el fuerte recorte de fondos dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
Durante las deliberaciones, los jefes comunales expusieron un panorama crítico e idéntico en casi todas las latitudes del país: una combinación de parálisis total de la obra pública financiada por la Nación, la eliminación de los fondos de incentivo docente, la quita de los subsidios al transporte urbano de pasajeros y una caída drástica en la recaudación de las tasas municipales producto de la recesión generalizada.
De acuerdo con el documento conjunto elaborado al término del debate, la situación está empujando a los gobiernos locales al límite de sus capacidades operativas. «Los intendentes somos la primera trinchera de la democracia; la demanda de asistencia social, alimentos y medicamentos en nuestros municipios se duplicó, mientras que los recursos que legítimamente nos corresponden fueron drásticamente recortados», sostuvieron los voceros del espacio.
Los tres ejes del reclamo
La liga de intendentes acordó avanzar en un plan de acción que se estructurará sobre tres demandas urgentes dirigidas al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete de la Nación:
- Restitución de fondos federales: Exigen la reactivación de los giros correspondientes al Fondo de Compensación del Transporte Interior y otros programas de asistencia directa que aliviaban los presupuestos locales.
- Continuidad de obras civiles: Solicitan precisiones sobre el listado de obras públicas que el Gobierno prometió traspasar a las provincias, advirtiendo que los municipios no cuentan con espaldas financieras para absorber proyectos de infraestructura vial o de saneamiento que quedaron a medio ejecutar.
- Mesa de trabajo institucional: Reclaman formalmente ser recibidos por las autoridades nacionales para consensuar un esquema de gobernabilidad que impida el colapso de los servicios esenciales en el interior del país.
«El ahogo financiero no perjudica a un intendente o a un partido político, castiga directamente a los vecinos que se quedan sin asfalto, sin cloacas y con colectivos impagables», graficó uno de los mandatarios bonaerenses que impulsó la convocatoria.
Estrategia judicial y parlamentaria en el horizonte
Ante la falta de respuestas que vienen percibiendo por parte de los canales oficiales de Balcarce 50, los alcaldes no descartaron recurrir a la vía judicial de manera colectiva si no se abren instancias de negociación en el corto plazo.
En paralelo, adelantaron que mantendrán reuniones con los bloques opositores en el Congreso de la Nación para impulsar proyectos de ley que coparticipen de manera directa impuestos específicos, buscando blindar los recursos municipales frente a las decisiones unilaterales del decreto presidencial.