La suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana (RC) busca impedir su participación en comicios locales de 2027, según una parlamentaria que alerta sobre persecución política y falta de garantías judiciales. Además, critica la estrategia de seguridad y la ley minera que afecta a Galápagos.
TRES CLAVES:
1. El Tribunal Contencioso Electoral suspendió a RC por nueve meses sin debido proceso.
2. En 2024, cuatro menores desaparecieron y murieron tras detención militar en Guayaquil.
3. La ley minera modificada incluye a Galápagos, pese a no estar en el proyecto original.
La legisladora ecuatoriana sostiene que la suspensión de la Revolución Ciudadana responde a una estrategia del Ejecutivo para eliminar a la oposición antes de las elecciones seccionales de febrero de 2027.
Denuncia que el proceso careció de garantías y que el Gobierno busca ganar en tribunales lo que no logra en las urnas, en un contexto de persecución política y debilitamiento institucional.
En materia de seguridad, cuestiona la eficacia de los estados de excepción y la militarización, señalando que la violencia no ha disminuido y que las cifras oficiales son poco confiables. Destaca el caso de los cuatro menores desaparecidos y calcinados en Guayaquil, reconocido por la Corte.