La crisis social en Bolivia entró en su cuarta semana de protestas y bloqueos contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. La movilización reúne a sectores campesinos, mineros, sindicatos, juntas vecinales, pobladores de El Alto y organizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana, que rechazan el plan de privatizaciones, las políticas de ajuste y exigen la renuncia presidencial. Reuters informó que Paz anunció una reducción del 50 por ciento de su salario y el de sus ministros en medio de la escalada de protestas y bloqueos.
Tres claves
1. La protesta se nacionaliza.
Las movilizaciones se sostienen en La Paz y en otras regiones, con más de 50 bloqueos de carreteras y cortes que afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
2. Represión y muerte en Calamarca.
Los sectores movilizados denunciaron la muerte de un campesino de 24 años durante un operativo policial-militar para despejar rutas cerca de La Paz. El Gobierno negó el uso de armas letales, mientras la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos reclamaron una investigación independiente.
3. La COB condiciona el diálogo.
La Central Obrera Boliviana exige la liberación de detenidos y la suspensión de órdenes de aprehensión contra dirigentes antes de sentarse a negociar con el Gobierno.
Las protestas combinan demandas económicas y políticas. Los manifestantes cuestionan el rumbo del gobierno de Paz Pereira, denuncian privatizaciones, ajuste y falta de respuestas frente a la crisis del costo de vida. En paralelo, La Paz y El Alto enfrentan restricciones de acceso, problemas de abastecimiento y cortes vinculados con la escasez de combustibles.
El intento de las fuerzas combinadas de abrir vías en zonas del altiplano encontró resistencia de comunidades aimaras. Según los sectores movilizados, el operativo derivó en la muerte de un joven campesino, lo que profundizó el malestar y enardeció a las poblaciones rurales. El Gobierno, en cambio, buscó deslindar responsabilidad y sostuvo que el operativo no utilizó armas letales.
La convocatoria de la COB mantiene la presión sobre el Ejecutivo. La organización obrera y los sectores sociales movilizados reclaman que cualquier diálogo debe partir de medidas concretas: liberación de detenidos, freno a las órdenes de aprehensión y respuesta a las demandas contra el ajuste y las privatizaciones.