La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, brindó desde el Palacio de Miraflores un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. La norma busca promover la paz, ampliar condiciones para la participación política plural y favorecer la reintegración civil.
Tres claves:
- Delcy Rodríguez presentó un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática.
- La norma apunta a promover la paz, la participación política plural y la reintegración de procesados o condenados por motivos políticos.
- Jorge Rodríguez anunció una excarcelación paulatina de 300 personas, bajo criterios de edad, salud o razones humanitarias.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó desde el Palacio de Miraflores un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, aprobada como parte de una agenda institucional orientada a recomponer el tejido social y fortalecer la estabilidad política.
La ley busca generar condiciones para la convivencia democrática, promover la participación política plural y favorecer la reintegración civil de personas procesadas o condenadas por hechos vinculados a la confrontación política.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo que el Estado venezolano proyecta la excarcelación paulatina de 300 personas adicionales bajo criterios humanitarios, de edad o de salud. Reuters informó que esas liberaciones estaban previstas para concretarse durante la semana del 19 de mayo e incluirían personas mayores de 70 años, detenidos con condiciones médicas y tres exagentes policiales presos desde 2003.
Entre los sectores incluidos en estas medidas figuran agentes de la extinta Policía Metropolitana y detenidos vinculados al sector petrolero. Según distintas coberturas, el Gobierno venezolano presenta la medida como parte de una política de reconciliación, mientras organizaciones y medios internacionales la leen también en el contexto de reclamos por detenidos considerados políticos.
Con la implementación de este marco jurídico, las instituciones venezolanas buscan reafirmar una línea de convivencia, paz y estabilidad política, en un proceso que combina beneficios procesales, criterios humanitarios y reinserción civil.