Reportó intimidaciones sistemáticas contra Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, y exigió su protección con el fin de garantizar la independencia judicial y el respeto institucional.
TRES CLAVES:
1. La CSJ rechazó actos que vulneran la integridad personal y la independencia judicial de su presidenta.
2. Se condenó la difusión de información personal como forma de coacción y violencia de género.
3. Un magistrado votó en contra, argumentando que las ofensas son un “riesgo asumido” en cargos públicos.
La institución calificó estos ataques como una afrenta directa al sistema democrático y a la independencia judicial, además de un acto de violencia y discriminación contra las mujeres en la función pública.
El comunicado enfatizó que el escrutinio público debe centrarse en las decisiones oficiales y no en la vida personal o familiar de los funcionarios.
La Corte rechazó la postura de un magistrado que consideró que las ofensas son un riesgo inherente al ejercicio del poder, y reafirmó que ningún cargo público justifica el hostigamiento ni la invasión a la privacidad.
La CSJ demandó la intervención urgente de las autoridades estatales para proteger la seguridad y dignidad de su presidenta, reafirmando su compromiso con un sistema judicial libre de presiones y amenazas.