Con 137 votos a favor, los diputados sancionaron una reforma que delega en las provincias la evaluación ambiental y permite explotaciones mineras en áreas antes prohibidas.
TRES CLAVES:
1. La reforma fue aprobada tras 11 horas de debate con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
2. La ley otorga a las provincias la facultad de realizar estudios de impacto ambiental, desplazando al IANIGLA.
3. Diputados opositores advirtieron que la medida pone en riesgo zonas periglaciales que abastecen a 7 millones de personas.
La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, que defendieron la medida como necesaria para atraer inversiones y promover el desarrollo federal.
El cambio principal consiste en transferir a las provincias la responsabilidad de realizar estudios de impacto ambiental, reduciendo la intervención del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
La oposición cuestionó esta delegación y alertó sobre el peligro que representa para las zonas periglaciales, fundamentales para el abastecimiento de agua de millones de personas.
La sanción de esta reforma implica un giro en la política ambiental y minera, con consecuencias poco previsibles referidas a la protección de recursos estratégicos y el equilibrio ecológico en el país.
