Los gremios del arte y la cultura de Chile advirtieron que de aprobarse un artículo del llamado Proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast la IA podría utilizar las obras de los autores chilenos sin autorización ni pago alguno. La eventual modificación al artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual presente en la «megarreforma» que se discute en el Parlamento permitiría a los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) utilizar las obras de autores chilenos sin autorización de los creadores y sin pago.
Tres claves
1).- A través de la reforma en derechos de autor el Gobierno otorga autorización a las empresas extranjeras de inteligencia artificial para poder usar el contenido que está siendo creado y financiado por otros.
2).-La Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) de Chile subrayó que de aprobarse el artículo » se genera un daño estructural a lo que es el funcionamiento de los medios de comunicación”.
3).-Los medios, la cultura, el cine y la música no quedaron, rechazaron categóricamente esta normativa a través de un comunicado con cinco organizaciones adjuntas.
Los gremios de la cultura, el arte y los medios de Chile rechazaron la probable inclusión del artículo en cuestión por considerar que con esa reforma el Gobierno “está dando una autorización a las empresas extranjeras de inteligencia artificial para poder usar el contenido que está siendo creado y financiado por otros».
La académica de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Agustina Davis, analizó lo incómodo de este proyecto de ley que «instala la supuesta debilidad de nuestro sistema de propiedad intelectual».
«Chile enfrenta hoy una tensión regulatoria más profunda: cómo equilibrar la protección de los titulares de derechos con el desarrollo de una economía basada en datos y tecnología. Tensión que se ha hecho evidente en el debate reciente sobre la posibilidad de utilizar obras protegidas sin autorización para fines de minería de datos, como parte de proyectos legislativos en curso. Lo que está en juego no es solo la propiedad intelectual, sino el modelo de innovación que el país quiere adoptar», advirtió Davis.
El mundo del arte, los medios, la cultura, el cine y la música no quedaron ajenos a este proyecto y rechazaron categóricamente esta normativa a través de un comunicado con cinco organizaciones adjuntas.
«La propuesta del Gobierno no solo destruye el derecho de propiedad intelectual, sino que genera más gasto público y burocracia gubernamental, con total exclusión de la participación de los titulares afectados y de la sociedad civil” advierten.
El comunicado de las entidades gremiales “las personas naturales o jurídicas que contribuyen al desarrollo del arte, la cultura y la información en Chile no necesitan de un fondo de ayuda como compensación al aprovechamiento indebido por parte de empresas de desarrollo tecnológico de sus obras protegidas».
Argumentan las organizaciones que “necesitan que Chile continúe protegiendo, respetando y amparando sus derechos, lo que constituye un medio esencial para fomentar el desarrollo de las industrias culturales y creativas”. Consideramos de gran importancia promover y potenciar las capacidades de la IA, pero ello no puede hacerse a costa de conculcar de manera tan grave el derecho de propiedad, y en específico, los derechos de propiedad intelectual ampliamente reconocidos y protegidos en nuestro ordenamiento constitucional y legal”.
Por su parte, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) también fue parte de este rechazo en contra del artículo 8 y además hizo un llamado «urgente» al Congreso a oponerse a esta normativa.
«La SCD manifiesta su más enérgico rechazo a la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo el 11 de mayo de 2026, que reemplaza íntegramente el artículo 8 del Proyecto de Ley de Reconstrucción, incorporando una excepción de minería de texto y datos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, inconstitucional y sin resguardo alguno para los titulares de derechos de propiedad intelectual», consignó la organización.
«Los derechos de los autores y los intérpretes no se negocian a cambio de fondos transitorios de dudosa administración. La SCD seguirá defendiendo, con todos los medios a su alcance, el derecho de sus socios a decidir cómo, cuándo y en qué condiciones se usan sus obras», cerró el comunicado.