El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que actualiza la normativa del Marco Civil de Internet. El texto aborda las obligaciones y establece la responsabilidad de las plataformas digitales por el contenido distribuido en sus ecosistemas.La medida también otorga a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) la facultad de regular, supervisar e investigar las violaciones del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet.
Tres claves
1).- El decreto establece medidas para combatir el fraude digital, la publicidad engañosa y las redes artificiales utilizadas para difundir estafas.
2).- Las plataformas también deben actuar de forma preventiva para detener la circulación de publicaciones relacionadas con delitos graves.
3).-Esos delitos son terrorismo, explotación sexual de niños y adolescentes, trata de personas, incitación a la autolesión y violencia contra las mujeres.
El texto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Unión, recalca que las empresas que operan en Brasil deben cumplir con la legislación brasileña y actuar de forma proactiva y proporcional para prevenir la circulación masiva de contenido delictivo.
La firma tuvo lugar en una ceremonia en el Palacio de Planalto para conmemorar los 100 días del Pacto Nacional Brasileño contra el Feminicidio. Con las nuevas normas, el gobierno está actualizando las regulaciones que han estado vigentes desde 2016, cuando se publicó el Decreto No. 8.771, que detalla las obligaciones del Marco Brasileño de Derechos Civiles para Internet.
El decreto establece medidas para combatir el fraude digital, la publicidad engañosa y las redes artificiales utilizadas para difundir estafas.
Uno de los cambios es la obligación para las empresas que venden publicidad de almacenar datos que permitan el eventual enjuiciamiento de los responsables y la indemnización por daños y perjuicios a las víctimas.
El decreto también salvaguarda el derecho a la expresión, la información, la crítica, la parodia, las manifestaciones religiosas y la libertad de creencias.
Las plataformas también deben actuar de forma preventiva para detener la circulación de publicaciones relacionadas con delitos graves, como terrorismo, explotación sexual de niños y adolescentes, trata de personas, incitación a la autolesión y violencia contra las mujeres , de conformidad con el entendimiento establecido por el Supremo Tribunal Federal (STF) en relación con la Carta de Derechos de Internet de Brasil (Marco Civil da Internet).
En casos de contenido delictivo promovido por publicidad pagada, las plataformas pueden ser consideradas responsables si se producen fallos reiterados en la adopción de medidas para prevenir el fraude, las estafas y los delitos.
En otros casos, la eliminación de las publicaciones puede producirse tras la notificación, lo que permite a las empresas disponer de tiempo para analizar la situación, garantiza que tanto el usuario que notifica como el propietario del perfil o del contenido estén informados y les brinda la posibilidad de impugnar la decisión.
La ANPD (Autoridad Nacional de Protección de Datos) será la responsable de supervisar el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones de desempeño proactivo. El decreto establece que la evaluación considerará el desempeño sistémico y diligente de las plataformas, y no decisiones aisladas sobre contenido específico.
«Es importante destacar que la ANPD está sujeta a la Ley de Organismos Reguladores y tiene obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y mantenimiento de procesos públicos y auditables», subrayó la Presidencia.
Los servicios de mensajería privada, correo electrónico y videoconferencia no están cubiertos por las nuevas normas relativas a la circulación de contenido ilícito, ya que la Constitución protege el derecho a la privacidad de las comunicaciones, destaca la Agencia Brasil.