Venezuela anunció formalmente el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda soberana y de PDVSA, uno de los pasos financieros más importantes desde el default de 2017. La Licencia General 58 de la OFAC permite contratar asesores para preparar una eventual negociación, pero no autoriza todavía transacciones, canjes de bonos ni acuerdos financieros.
Tres claves:
- La OFAC habilitó servicios legales, financieros y de consultoría para preparar una posible reestructuración de deuda venezolana.
- La licencia no permite ejecutar la reestructuración: no autoriza canjes, pagos, liquidaciones ni acuerdos directos con acreedores.
- La deuda soberana y de PDVSA ronda los 70.000 millones de dólares, pero los reclamos totales podrían superar los 150.000 millones.
Venezuela dio un primer paso formal hacia la reestructuración de su deuda externa y la de PDVSA, después de casi una década de default. Reuters informó que el Gobierno venezolano inició el proceso con el objetivo de aliviar obligaciones que considera insostenibles y preparar un marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de deuda. También designó a Centerview Partners como asesor financiero, aunque todavía no se conocen términos concretos de una eventual propuesta a los acreedores.
El movimiento fue posible por la Licencia General 58, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esa autorización permite contratar servicios legales, de banca de inversión y consultoría vinculados con una posible reestructuración de la deuda del Gobierno venezolano, PDVSA y entidades controladas por la petrolera. Pero su alcance es limitado: habilita la preparación de propuestas y materiales de apoyo, no la ejecución de operaciones financieras.
La diferencia es decisiva. Con la licencia actual, Venezuela puede ordenar información, identificar acreedores, contratar asesores, diseñar escenarios y preparar una hoja de ruta. Pero no puede cerrar un canje de bonos, realizar pagos, pactar liquidaciones ni concretar acuerdos de reestructuración sin nuevas autorizaciones explícitas de Washington. Por eso el anuncio marca un giro importante, pero todavía no significa una solución de la deuda.
El caso venezolano es uno de los más complejos del mundo emergente. Los bonos soberanos y de PDVSA rondan los 70.000 millones de dólares, pero el universo total de reclamos —incluidos litigios, arbitrajes e intereses acumulados— podría superar los 150.000 millones de dólares, según Reuters. Otros análisis elevan el cálculo potencial por encima de los 180.000 millones, si se incorporan todas las disputas pendientes y acreencias acumuladas.