El presidente del Uruguay Yamandú Orsi dijo que su gobierno estudia dar una orden a las FFAA para que entreguen información sobre los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985). El mandatario recibió a una delegación de Madres y Familiares quienes le solicitaron que se pueda acceder en forma irrestricta a los archivos militares.
Tres claves
1).-La organización de Madres y Familiares de desaparecidos uruguayos solicitaron una reunión con el presidente Orsi.
2).- El mandatario uruguayo dijo que su gobierno estudia dar la orden a las FFAA para que entreguen información sobre los desparecidos en dictadura 1973-1985.
3).-El ministerio de Defensa uruguayo firmo en su momento una resolución de “acceso irrestricto” a los archivos militares.
Tras el encuentro con el presidente el dirigente de Madres y Familiares Ignacio Errandonea dijo que Orsi les trasladó que en el gobierno «estaban estudiando» la posibilidad de dar la orden a las Fuerzas Armadas. Puntualizó que el presidente «no se comprometió», pero «por lo menos no dijo que no», lo cual «ya es algo».
El encuentro fue solicitado por la organización debido a la lentitud que perciben en la búsqueda de los desaparecidos. «No hay información nueva”.
“El acceso a los archivos se está trabajando de forma lenta y vemos que se trabaja en forma lenta por trabas burocráticas», afirmó Errandonea, y catalogó como «inadmisible» que «haya pasado un año de gobierno y todavía no están los convenios para poder entrar en un archivo».
Consultado sobre qué tipo de impedimentos se han registrado, explicó que, si bien el Ministerio de Defensa firmó una resolución que encomienda a las Fuerzas Armadas a garantizar el «acceso irrestricto» de la Institución Nacional de Derechos Humanos a los archivos militares, «el problema es que hay que saber dónde están los archivos».
El referente sostuvo que Orsi «se manifestó a favor y se comprometió a buscar agilizar todos los trámites que fueran burocráticos que dependieran del Poder Ejecutivo».
En paralelo, Madres y Familiares también le pidió al presidente «que se solicite a toda la ciudadanía que quien posea información la presente, que la entregue», ya que una eventual orden del presidente solo alcanzaría a los militares en actividad, mientras que a «los retirados y los familiares [de los militares] retirados que puedan tener algún tipo de dato no les puede dar la orden porque ya no cumplen orden».
Con respecto a la situación de militares retirados, Madres y Familiares pidieron que se suspenda el cobro de pensiones desde el exterior por parte de militares que están prófugos de la Justicia por crímenes cometidos durante la dictadura.
«No puede suceder que los prófugos de la Justicia, como son militares retirados y que en general, tienen buen grado vivan en el exterior y todos nosotros les pagamos la jubilación para que se mantengan prófugos. Eso me parece bastante injusto», manifestó Errandonea.
Madres y Familiares denunció que el consulado uruguayo en Miami -a cargo de la cónsul Mariana Baubeta Álvarez- entregó el 11 de febrero una fe de vida -necesaria para el cobro de jubilaciones desde el exterior- al aviador retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya Roberto Freddy Amorín Maciel, investigado en la causa sobre la desaparición de José Arpino Vega y torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza.
En mayo de 2019 la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad pidió el procesamiento de Amorín Maciel, junto con otros militares, tras una causa judicial iniciada por una denuncia colectiva de ex presos políticos en 2010.
Según el pedido de procesamiento del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, el aviador retirado «revistió como juez sumariante en distintas ocasiones y fue reconocido por alguna de las víctimas como partícipe en los tormentos», por lo cual «deberá responder por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad».