Una cita de The Economist, difundida por el periodista Jonathan Cheng de The Wall Street Journal, resume la magnitud de las desigualdades internas chinas: las cuatro ciudades más ricas del país, con una población combinada de 84 millones de personas, tienen un PIB per cápita superior al de Japón; en cambio, las cuatro provincias más pobres, donde viven 140 millones, se ubican más cerca del ingreso de Vietnam.
Tres claves
1. Una potencia con dos velocidades.
China no puede leerse solo como una economía nacional homogénea. Sus grandes centros urbanos —como Beijing, Shanghai, Shenzhen o Guangzhou— funcionan con niveles de ingreso, infraestructura y productividad comparables a economías desarrolladas.
2. Brecha territorial profunda.
La comparación con Japón y Vietnam muestra una fractura interna: el país combina polos globales de riqueza con provincias que todavía tienen niveles de ingreso mucho más bajos, sobre todo en regiones interiores o menos integradas a las cadenas tecnológicas y exportadoras.
3. El desafío político del desarrollo.
La desigualdad regional obliga a Beijing a sostener una política de equilibrio: impulsar innovación, industria avanzada y consumo urbano, pero al mismo tiempo evitar que la brecha entre zonas ricas y pobres erosione la cohesión social.
El dato sirve para matizar la imagen habitual de China como bloque económico compacto. Las ciudades más dinámicas concentran finanzas, tecnología, comercio exterior, inversión extranjera, universidades, infraestructura logística y empleo de alta productividad. Allí, el ingreso por habitante puede superar al de una economía madura como Japón.
Pero el otro extremo muestra que la modernización china sigue siendo profundamente desigual. Las provincias más pobres arrastran menor productividad, menor densidad industrial, menos servicios avanzados y menor integración con los circuitos globales. Por eso, su ingreso promedio se acerca más al de países del Sudeste Asiático en desarrollo.
La frase difundida por Cheng condensa una paradoja central del ascenso chino: el país es al mismo tiempo una superpotencia tecnológica y una economía con enormes desigualdades territoriales. Esa tensión explica buena parte de las prioridades actuales del gobierno: urbanización, inversión en infraestructura, innovación, desarrollo del interior y políticas para reducir la distancia entre las regiones costeras más ricas y las provincias más rezagadas.