El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) concedió prisión domiciliaria humanitaria a los condenados mayores de 70 años que participaron en los actos golpistas del 8 de enero de 2023.La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, relator de los procesos relacionados con el intento de golpe de Estado promovido por el ex presidente Jair Bolsonaro también condenado.
Tres claves
1).-Moraes aplicó la Ley de Ejecuciones Penales, norma que permite la concesión de prisión domiciliaria para mayores de 70 años.
2).- Los beneficiarios solo podrán recibir visitas tras la autorización previa del juez.
3).- A pesar de la concesión del arresto domiciliario, los condenados deben el pago solidario de 30 millones de reales por los daños causados con la depredación de las sedes del Supremo, del Congreso Nacional y del Palacio del Planalto.
Según los datos divulgados por la Corte, fueron condenados 1.399 acusados de participar en los actos que intentaron desestabilizar la democracia brasileña y el funcionamiento de las instituciones en enero 2023.
La decisión también beneficia a otros 18 presos de edad avanzada que padecen enfermedades graves.
Una de las beneficiadas fue la jubilada Maria de Fátima Mendonça Jacinto, de 70 años, condenada a 17 años de prisión y quien ya ha cumplido tres años, diez meses e 24 días de pena.
De acuerdo con el proceso que la condenó, Fátima invadió la sede de la Corte Suprema, rompió vidrios, sillas, mesas y obras de arte, y publicó los actos en redes sociales. Con base en los videos, fue identificada y detenida por la Policía Federal dos semanas después de los actos golpistas.
Fátima y los demás adultos mayores deberán cumplir medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica, suspensión del pasaporte, prohibición de salir del país, de usar redes sociales y de mantener contacto con otros investigados.
Los beneficiarios solo podrán recibir visitas tras la autorización previa del juez. En caso de incumplimiento, Moraes podrá determinar su regreso al régimen cerrado de prisión.
A pesar de la concesión del arresto domiciliario, los condenados mantienen la obligación del pago solidario de 30 millones de reales por los daños causados con la depredación de las sedes del Supremo, del Congreso Nacional y del Palacio del Planalto.
Según los datos divulgados por la Corte, fueron condenados 1.399 acusados de participar en los actos que intentaron desestabilizar la democracia brasileña y el funcionamiento de las instituciones. Están detenidas 179 personas, de las cuales 114 se encuentran en régimen cerrado tras la sentencia firme de sus condenas.
Luego de los actos golpistas, la Procuraduría General de la República presentó 1.734 acciones penales ante la Corte Suprema. Las acusaciones se dividieron entre incitadores, ejecutores y cuatro núcleos principales que brindaron apoyo al intento del expresidente Jair Bolsonaro de mantenerse en el poder tras perder las elecciones, subvirtiendo así, según el STF, el orden democrático.
El balance muestra que la mayoría, 979 personas (68,9%), fue responsabilizada por delitos de menor gravedad y recibió penas de hasta un año de detención (415) o fue beneficiada por acuerdos.