El vocero presidencial y su hermano, asesor en Defensa, se sumaron al polémico blanqueo impulsado por el propio Gobierno. Cruces por la idoneidad moral y el origen de los fondos de los funcionarios que pregonan la austeridad estatal.
Los hermanos Manuel y Francisco Adorni volvieron a quedar en el centro de la escena política tras confirmarse su adhesión al Régimen de Inocencia Fiscal, el programa de regularización de activos y blanqueo de capitales impulsado por la administración de Javier Milei. La decisión del vocero presidencial y del actual asesor del Ministerio de Defensa generó un fuerte revuelo en los pasillos de la Casa Rosada y reavivó las críticas de la oposición sobre la coherencia ética de los funcionarios públicos.
El acogimiento al régimen —que permite declarar bienes y dinero no registrados bajo condiciones impositivas muy ventajosas— fue leído por distintos sectores como una contradicción discursiva. Tanto el portavoz como su hermano han mantenido desde su llegada al Estado un perfil público basado en la meritocracia, el cumplimiento estricto de las normas y la crítica sistemática a quienes evaden o se financian por fuera del sistema formal.
Fuentes oficiales intentaron restarle dramatismo a la situación, argumentando que se trata de una «herramienta legal disponible para todos los ciudadanos argentinos» y que la adhesión demuestra, justamente, la confianza en las políticas económicas que el propio Ejecutivo promueve. Sin embargo, puertas adentro del oficialismo admiten que el impacto en la opinión pública genera un ruido incómodo en un momento de fuerte ajuste social.
Una saga familiar en el Estado
La polémica en torno a los Adorni no es nueva. Francisco Adorni ingresó a la gestión pública a principios de 2024 como asesor en el Ministerio de Defensa, comandado por Luis Petri, con un sueldo inicial que superaba los dos millones de pesos. Su nombramiento ya había despertado cuestionamientos por supuesto nepotismo, dado el alto perfil y la cercanía de su hermano Manuel con el Presidente de la Nación.
Meses más tarde, el propio vocero presidencial fue ascendido al rango de Secretario de Estado, lo que significó un incremento sustancial en sus ingresos y en la estructura de personal bajo su órbita.
«Resulta paradójico que quienes llegaron prometiendo auditar cada centavo de los argentinos y denunciando los privilegios de la ‘casta’ terminen utilizando un blanqueo para corregir sus propias inconsistencias fiscales», señalaron desde el bloque de diputados de la oposición.
El debate por el Régimen de Inocencia Fiscal
El Régimen de Inocencia Fiscal ha sido una de las herramientas económicas más defendidas por el Gobierno para intentar captar dólares e inyectar liquidez al sistema financiero informal. No obstante, la participación de funcionarios de primera línea en este tipo de moratorias y blanqueos siempre enciende las alarmas respecto al origen de los fondos y a la transparencia que se le exige a quienes administran la cosa pública.
A pesar de los cuestionamientos éticos, desde el entorno de los hermanos Adorni aseguran que la presentación se realizó en los términos correspondientes, cumpliendo con todos los requisitos técnicos exigidos por la AFIP y que la situación fiscal de ambos quedó «completamente regularizada y transparente».