La medida de fuerza de docentes y no docentes paraliza las casas de altos estudios de todo el país. Desde el sector denuncian una pérdida del poder adquisitivo superior al 50% y reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades públicas de todo el país llevan adelante una jornada de paro nacional de 24 horas con un elevadísimo nivel de acatamiento. La medida de fuerza fue ratificada por el Frente Sindical Universitario luego de que fracasara la mesa de negociación paritaria con las autoridades del Ministerio de Capital Humano, donde el Ejecutivo ofreció un incremento salarial del 3%, calificado por los gremios de «irrisorio y fuera de todo anclaje con la realidad».
La huelga paraliza tanto la actividad académica como la administrativa en las distintas casas de altos estudios, en un escenario atravesado por el fuerte deterioro de los haberes y la falta de actualización de las partidas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas estudiantiles.
«Sostenemos todo gracias al amor de la comunidad»
En el marco del reclamo, rectores y referentes del sistema universitario advirtieron sobre el impacto directo del receso presupuestario en las instituciones. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, denunció que la pérdida del poder adquisitivo del sector supera el 50% e instó al Gobierno a acatar la normativa vigente: «El Ejecutivo tiene que cumplir con la ley».
«Sostenemos todo gracias al amor de la comunidad universitaria», remarcó la autoridad académica respecto al funcionamiento cotidiano de las facultades frente al ahogo financiero.
Los ejes del conflicto
Las organizaciones gremiales y los representantes de las instituciones públicas sostienen que el conflicto universitario radica en tres frentes centrales:
- Brecha salarial: La oferta oficial del 3% resulta insuficiente frente a la inflación acumulada, manteniendo a gran parte de los salarios docentes y nodocentes por debajo de la línea de pobreza.
- Financiamiento operativo: Los recursos asignados no cubren los costos básicos de mantenimiento, infraestructura ni el presupuesto para investigaciones y hospitales universitarios.
- Marco legal: Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de las medidas cautelares favorables al sistema educativo dictadas por la Justicia.