La senadora libertaria instó a aguardar las decisiones de los tribunales antes de insistir con el debate en el Congreso, en medio del cruce de antecedentes sobre su posición histórica respecto a la venta de campos a extranjeros.
La contienda en torno a la derogación de la Ley de Tierras volvió a exponer rispideces y matices dentro del bloque oficialista. La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consideró como un movimiento «apresurado» la intención de impulsar nuevamente el proyecto en el Congreso tras el último pronunciamiento de la Corte Suprema, advirtiendo que el Poder Ejecutivo podría incurrir en contradicciones con sus propias presentaciones en la Justicia.
Las declaraciones de la legisladora reencendieron el debate en torno a los cambios de postura en la dirigencia política respecto a la protección del patrimonio rural frente al capital internacional, abriendo un contrapunto entre su rol legislativo actual y sus antecedentes parlamentarios.
Giro político y estrategia legislativa
El debate parlamentario sobre la propiedad de la tierra registra posiciones cambiantes según las urgencias y alianzas del momento:
- Advertencia de estrategia interna: Bullrich sostuvo que llevar la norma al Palacio Legislativo de manera intempestiva colisiona con la estrategia legal del propio Gobierno, recomendando esperar a que las instancias judiciales agoten la revisión de los amparos en curso.
- El antecedente normativo: Sectores críticos recordaron que durante su paso como diputada, la legisladora acompañó iniciativas tendientes a limitar el dominio extranjero sobre terrenos rurales, en línea con el espíritu de la Ley 26.737 aprobada en 2011.
- La mirada de la desregulación: En contraste con aquellos postulados de soberanía territorial, la postura alineada con el programa oficialista sostiene que la apertura irrestricta a inversiones internacionales en bienes raíces es un motor necesario para revitalizar el sector agropecuario y la infraestructura regional.
La postura planteada por la senadora suma una pausa técnica a la agenda parlamentaria del oficialismo, mientras la discusión sobre la venta de suelo a capitales extranjeros sigue generando divisiones tanto en el ámbito judicial como en las bancadas del Congreso.