El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó el programa Brasil Contra el Crimen Organizado, una estrategia nacional que busca desarticular a las facciones mediante bloqueo de activos, recuperación de bienes, combate al lavado de dinero y fortalecimiento de la investigación criminal.
Tres claves:
- El plan prevé inversiones y financiamiento por R$ 11.000 millones para enfrentar al crimen organizado.
- La estrategia prioriza la asfixia financiera de las facciones, en lugar de limitarse a una respuesta punitivista o policial.
- El programa combina seguridad penitenciaria, investigación de homicidios, control de armas y combate al lavado de dinero.
El gobierno de Lula lanzó el programa Brasil Contra el Crimen Organizado, con inversiones y financiamiento por R$ 11.000 millones. El paquete incluye recursos del presupuesto federal y líneas de financiamiento del BNDES para los estados, con el objetivo de fortalecer la capacidad pública frente a facciones criminales que actúan en el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando de armas y la infiltración en economías legales.
El eje más importante es la asfixia financiera. La idea es golpear a las cúpulas criminales donde concentran poder: dinero, empresas de fachada, bienes, cuentas, redes de lavado y activos acumulados en actividades legales e ilegales. Esa línea ya venía siendo presentada por el gobierno brasileño como una prioridad: la Policía Federal informó que en 2025 fueron aprehendidos más de R$ 9.600 millones en dinero, bienes y activos ligados a facciones, y más de R$ 20.000 millones desde 2023.
La iniciativa también se distancia del enfoque exclusivamente punitivista. El programa articula cuatro frentes: descapitalización de las organizaciones criminales, refuerzo del sistema penitenciario, mejora de la investigación criminal —especialmente homicidios— y combate al tráfico ilegal de armas y municiones. En esa arquitectura, el Estado busca coordinar Policía Federal, Receita Federal, Banco Central, Ministerio Público, Poder Judicial y gobiernos estaduales para atacar estructuras económicas, logísticas y territoriales del crimen organizado.
El control de armas es otro punto político central. Lula intenta marcar un contraste con la administración de Jair Bolsonaro, que flexibilizó el acceso a armas y municiones y fortaleció el universo de los CACs. La nueva estrategia parte de una premisa opuesta: reducir la circulación ilegal de armas, rastrear el flujo internacional de armamento y cortar el abastecimiento de facciones. En abril, Brasil ya había anunciado una cooperación con Estados Unidos para intercambiar información sobre tráfico de drogas y armas, con foco en cargas, contenedores e interceptación de circuitos ilícitos.
El programa busca responder a un problema estructural de Brasil: la expansión de facciones como el PCC y el Comando Vermelho, su presencia en cárceles, periferias urbanas, fronteras y economías formales, y el impacto desproporcionado de la violencia sobre jóvenes negros y pobres. La apuesta de Lula es presentar una política de seguridad que combine firmeza estatal, inteligencia financiera, control de armas y derechos, evitando que la agenda quede capturada por el discurso de “mano dura” sin investigación ni descapitalización real del crimen.