El Ejecutivo dispuso nuevos cuadros tarifarios para julio que golpean directo a los hogares del AMBA. En paralelo, la Rosada defiende la desregulación y pide «moderar el consumo» para amortiguar el impacto en el bolsillo.
En pleno invierno y coincidiendo con el ingreso de las temperaturas más bajas del año, el gobierno de Javier Milei volvió a convalidar un fuerte incremento en las tarifas de los servicios públicos esenciales. Las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) establecieron nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN, consolidando la política de actualización mensual indexada a la inflación y los precios mayoristas.
La medida representa un nuevo desafío para la economía familiar, en un momento donde el encendido de estufas y artefactos eléctricos alcanza su pico estacional.
Los números detrás de las boletas: ¿Cuánto costará prender la luz y el gas?
El incremento en el componente de distribución para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) terminó superando las proyecciones iniciales de las empresas:
- Electricidad: El Costo Propio de Distribución (CPD) escaló un 2,95% para Edenor y un 2,76% para Edesur. Un usuario residencial sin subsidio de la categoría de menor consumo (R1) deberá afrontar ahora un cargo fijo mensual de $1.674,55 y un cargo variable de casi $154 por kWh.
- El tope a los subsidiados: Para los hogares que conservan el beneficio estatal, el invierno trae una trampa: el subsidio solo cubre los primeros 300 kWh mensuales. Todo excedente se cobrará a «precio pleno», disparando el valor de la factura para quienes no tengan gas natural y dependan exclusivamente de la electricidad para calefaccionarse.
- Gas Natural: Los cargos fijos para los usuarios residenciales de Metrogas (CABA) que no cuentan con subsidio se ubicaron en una banda que va desde los $22.606,14 para las categorías más bajas hasta superar los $85.000 para las de mayor consumo (R4). En la provincia de Buenos Aires, bajo el área de Naturgy BAN, el cargo fijo para la categoría residencial más alta tocó los $74.776,64.
La polémica defensa oficial: «Precios de mercado» y moderación del consumo
Desde los despachos oficiales y el Ministerio de Economía argumentaron que este nuevo ajuste es indispensable para continuar reduciendo el déficit fiscal y avanzar hacia la quita total de los subsidios energéticos cruzados. El Ejecutivo considera clave que las tarifas reflejen los «costos reales» del sistema.
Sin embargo, el debate político sumó temperatura tras las declaraciones del entorno del oficialismo, donde se defendió la necesidad de que las tarifas «retornen a sus precios libres» y se recomendó públicamente a las familias extremar el cuidado en el uso de la energía y «abrigarse más» para mitigar el costo de las boletas. La lógica oficial es clara: el precio lo fija el mercado y el usuario debe regular su demanda.
El bolsillo contra la pared
Aunque la prórroga de las bonificaciones extraordinarias del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) —que contemplan descuentos del 25% en gas y del 16,59% en electricidad— busca actuar como una red de contención, el impacto de los nuevos mínimos fijos se sentirá con fuerza en los próximos días.
Al combo de la luz y el gas se suma, además, la actualización impositiva que volvió a encarecer los combustibles líquidos en los surtidores. Con los salarios todavía persiguiendo la inflación, el invierno de 2026 se perfila como uno de los más costosos en materia de servicios públicos, poniendo a prueba los límites de tolerancia de los consumidores residenciales y comerciales.