La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la nueva Ley de Aguas como una reforma para terminar con privilegios, frenar el mercado privado de concesiones y devolver al Estado la capacidad de reasignar volúmenes de agua a comunidades, campesinos y pequeños productores.
Tres claves:
- La nueva legislación elimina la transmisión de concesiones entre particulares y busca cerrar el mercado negro del agua.
- Las concesiones no usadas, irregulares o especulativas pueden volver al Estado para ser reasignadas.
- El gobierno mexicano presenta la reforma como una ruptura con el modelo de 1992, aprobado durante el salinismo.
México dio un giro estructural en su política hídrica con la nueva Ley de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El cambio apunta al corazón del modelo aprobado en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que convirtió las concesiones de agua en un activo transferible entre privados y abrió la puerta al acaparamiento. La propia Sheinbaum sostuvo que esa ley había permitido tratar el agua como mercancía y facilitado la concentración de derechos en pocas manos.
La reforma establece que los derechos amparados en concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Es decir: ya no podrán venderse, heredarse o transferirse libremente como parte de operaciones privadas. La autoridad del agua queda facultada para reasignar volúmenes mediante procedimientos ordinarios o expeditos, especialmente cuando se detecten usos indebidos, concesiones inactivas o prácticas especulativas.
“Quienes habían acaparado toda el agua, hoy se la estamos quitando y la podemos redistribuir”, planteó Sheinbaum, en una definición política que resume el sentido de la reforma. El gobierno mexicano sostiene que el objetivo es terminar con los privilegios, impedir que el agua sea usada como negocio privado y priorizar el derecho humano al agua, el consumo doméstico, los sistemas comunitarios, los ejidos, los pueblos indígenas y los pequeños productores.
La Comisión Nacional del Agua también presentó la reforma como una herramienta para combatir el “mercado negro del agua”. Según el gobierno, la eliminación de las transmisiones entre particulares permite fiscalizar mejor, detectar concesiones irregulares, cobrar adeudos y cancelar títulos cuando corresponda. En marzo, las autoridades informaron que la nueva normativa ya había permitido detectar presuntos adeudos por casi 12 mil millones de pesos en empresas usuarias del recurso.
La medida desató resistencias de sectores agrícolas empresariales y transportistas, que denunciaron que la reforma afecta el valor de las tierras y limita la posibilidad de transferir derechos de agua. Pero el gobierno respondió que no busca quitar agua a los pequeños productores, sino terminar con décadas de acaparamiento, compraventa y uso irregular de un recurso estratégico. En esa disputa se juega algo más que una ley: el pasaje del agua como mercancía al agua como bien público bajo rectoría del Estado.