La quiebra y disolución de la entidad que concentraba los depósitos de casi la mitad del país desató multitudinarias protestas. El Partido Colorado le retiró el respaldo al mandatario y acompañará el proceso de destitución impulsado por la oposición.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, enfrentan un inminente pedido de juicio político a raíz del escándalo económico y social provocado por la quiebra y posterior disolución del Ueno Bank. La caída de la entidad financiera, que contaba con cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, dejó sin acceso a sus ahorros a una porción masiva de la población y derivó en multitudinarias manifestaciones callejeras que reclaman la renuncia del Ejecutivo.
La ofensiva parlamentaria, formalizada por los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, sumó en las últimas horas un apoyo decisivo: la conducción del gobernante Partido Colorado resolvió soltarle la mano al mandatario. El expresidente Horacio Cartes, líder de la fuerza oficialista, confirmó a través de un comunicado público que sus legisladores acompañarán el proceso de destitución en el Congreso para «volver a reencauzar la institucionalidad de la república».
Los vínculos bajo la lupa y el salvataje fallido
La acusación contra el binomio presidencial apunta a presuntas irregularidades y nexos con los accionistas del Ueno Bank. Según el planteo opositor, el Gobierno habría impulsado medidas de salvataje financiero a pesar de que el índice de solvencia del banco había perforado el 50% del mínimo legal requerido por la regulación vigente.
Al no poder contener la sangría, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención forzosa y liquidación de la entidad, paralizando sus sucursales y reteniendo además millonarios fondos de organismos públicos que estaban depositados en sus cuentas. Paralelamente, la justicia ordenó la detención del presidente del banco, Juan Manuel Gustale, en medio de investigaciones sobre las participaciones accionarias que el propio Peña habría tenido en el holding hasta principios de 2025.
Contrarreloj legislativo y presión en las calles
Ante la escalada del conflicto, que obligó a Peña a suspender su viaje a España para la Cumbre Iberoamericana, el Ejecutivo intentó desactivar el descontento promulgando una ley de emergencia aprobada de urgencia por el Congreso. La normativa establece la devolución acelerada de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante (alrededor de 121,7 millones de guaraníes o unos 19.800 dólares) en un plazo perentorio de 24 horas y con un tope de cinco días hábiles.
La medida, sin embargo, no logró apaciguar el malestar popular. Por segunda jornada consecutiva, miles de ahorristas y manifestantes autoconvocados coparon las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes en Asunción para exigir la salida del mandatario.
Los números del juicio político
Para que la destitución prospere, la Constitución paraguaya (artículo 225) establece un estricto mecanismo de doble mayoría agravada de dos tercios:
- Cámara de Diputados (órgano acusador): Con asistencia perfecta (80 bancas), se requieren al menos 54 votos afirmativos para elevar el libelo acusatorio.
- Cámara de Senadores (órgano juzgador): Necesitará un piso de 30 votos sobre 45 bancas para declarar la culpabilidad y efectivizar la remoción del cargo.
Con el respaldo anunciado del cartismo y el bloque opositor consolidado, el escenario parlamentario deja al mandatario en una posición de extrema debilidad institucional, en lo que representa la crisis política más severa desde el inicio de su mandato.