Docentes, estudiantes y autoridades académicas marcharon desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Justicia para exigir la aplicación efectiva de la norma ratificada por el Congreso, una recomposición salarial del 33% y partidas presupuestarias acordes para 2027.
Bajo la consigna «No permitamos que se apague la universidad», una nutrida columna de la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protagonizó la denominada «Marcha de las Velas». La movilización, que recorrió las calles del centro porteño desde Plaza Houssay hasta las puertas del Palacio de Tribunales, reclamó al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución permanece suspendida por el Gobierno nacional desde hace más de un año.
La convocatoria fue articulada de manera conjunta por los gremios de docentes (ADUBA) y nodocentes (APUBA), la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La columna contó además con la participación de autoridades universitarias y referentes políticos e institucionales, entre ellos el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; y el diputado Ricardo Alfonsín.
Acto pacífico y clase abierta en Plaza Lavalle
La columna inició su recorrido al caer la tarde, desplazándose por la calle Paraguay y realizando una primera parada frente al Palacio Sarmiento —sede de la Secretaría de Educación—, donde los manifestantes entonaron las estrofas del himno nacional argentino.
Al llegar a Plaza Lavalle, la jornada concluyó frente a las vallas perimetrales de la Corte Suprema de Justicia, donde se depositaron cientos de velas encendidas. En el lugar, se instalaron bancos y pizarrones para el desarrollo de una clase pública de Derecho Constitucional a cargo de los catedráticos Pablo Luis Manili (representante letrado del CIN) y Cristian Cao, quienes expusieron sobre la división de poderes, el imperio de la ley y las garantías presupuestarias de la educación superior.
La pulseada judicial y la brecha presupuestaria
El trasfondo del conflicto radica en el Decreto 759, emitido por el Ejecutivo tras la insistencia parlamentaria que revocó el veto presidencial a la ley. A través de esa norma, la Casa Rosada promulgó la legislación pero suspendió su entrada en vigor bajo el argumento de que el Congreso no asignó partidas específicas ni fuentes de financiamiento explícitas, contraviniendo la Ley de Administración Financiera.
El freno gubernamental desató una disputa en los tribunales:
- Fallo de inconstitucionalidad: El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto suspensivo y ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6, vinculados a la recomposición de haberes y becas estudiantiles. La medida cautelar fue ratificada por la Cámara Federal y convalidada por el máximo tribunal.
- Sanciones al Ejecutivo: Frente a las dilaciones, el magistrado impuso multas coercitivas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, penalidad que actualmente se encuentra suspendida de forma provisoria por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a la espera de un pronunciamiento de fondo.
Según estimaciones del sistema universitario, el atraso salarial acumulado exige una recomposición del 33% para igualar los parámetros de la norma. Asimismo, los rectores nucleados en el CIN señalaron una profunda discrepancia en la proyección del Presupuesto 2027: mientras las casas de altos estudios calculan una partida indispensable de $11 billones para dar cumplimiento a la ley, el proyecto enviado por el Gobierno asigna $7,3 billones, configurando una brecha de casi $3,7 billones entre las pretensiones del sector y el esquema oficial.