Los bloques de Unión por la Patria en Diputados y Senadores brindaron una conferencia de prensa y enviaron una carta a la Corte Suprema. Cuestionaron las restricciones de visitas que sufre la exmandataria en su prisión domiciliaria y denunciaron un plan de «proscripción».
Al cumplirse el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema que habilitó su detención, los bloques de diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria (UxP) y el justicialismo reclamaron de forma conjunta la inmediata liberación de Cristina Fernández de Kirchner. A través de una conferencia de prensa en el Congreso y la posterior presentación de un escrito ante el Máximo Tribunal y el Consejo de la Magistratura, el arco legislativo opositor denunció una situación de «persecución política» y «proscripción» contra la dos veces presidenta.
La ofensiva parlamentaria del peronismo apuntó centralmente contra las condiciones bajo las cuales la exmandataria cumple la prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. Según expusieron los legisladores basados en un informe de acceso a la información pública sobre el régimen de detención federal, las restricciones aplicadas a Kirchner revisten un carácter de «excepcionalidad y arbitrariedad» en comparación con otros ciudadanos bajo la misma condición.
Los datos presentados indican que, de los 2.513 detenidos bajo la modalidad domiciliaria en el país, el 84,38% no posee restricciones para recibir visitas y el 56,25% cuenta con permisos de salida. En contraste, la expresidenta solo tiene autorizado recibir visitas durante dos horas, dos días a la semana, con un límite estricto de hasta tres personas por jornada. «No se trata solamente de Cristina, se trata del derecho del pueblo a elegir libremente y del daño que esta proscripción le provoca a la democracia», señalaron.
Estrategia contra el ajuste y movilización
Durante la rueda de prensa, los voceros de la bancada opositora vincularon la situación judicial de su líder política con el contexto socioeconómico que atraviesa el país, acusando al Ejecutivo de utilizar las causas judiciales como una cortina de humo.
«Con esto no van a poder tapar la falta de medicamentos, las condiciones de miseria de nuestros jubilados, el endeudamiento angustiante de las familias ni la situación dramática de las pymes y el comercio», afirmaron los legisladores en un duro documento final.
El reclamo institucional en los despachos del Congreso funcionó como la antesala de una jornada de alta carga simbólica en las calles. Para la tarde de este miércoles se convocó a una concentración masiva de la militancia frente al domicilio de la dirigente, ubicado en la intersección de San José y Humberto Primo, donde se esperaba que la exvicepresidenta saliera a saludar desde el balcón. Asimismo, los organizadores confirmaron que el sábado 20 de junio se realizará un «banderazo federal» en Parque Lezama como epicentro de la campaña por su liberación.