El arresto se produjo en un operativo sorpresivo tras los señalamientos de Estados Unidos sobre supuestos vínculos de funcionarios con el narcotráfico. El Ministerio Público denunció «vulneración a la institucionalidad».
La crisis institucional y política en Bolivia sumó un capítulo de máxima tensión tras la detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. El procedimiento policial se llevó a cabo en la ciudad de Sucre en el marco de una serie de operativos ordenados en medio de acusaciones impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos.
Mariaca encabezaba expedientes de alto impacto político y judicial, entre ellos la causa penal contra el consultor político Fernando Cerimedo —exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y con lazos previos con el oficialismo argentino—, quien se encuentra recluido con prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro imputado por el intento de femicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller.
Tensión institucional, acusaciones y el factor Washington
El arresto del máximo jefe de los fiscales bolivianos provocó un fuerte contrapunto entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público:
- Sombra de EE. UU. y revocación de visados: La detención se produce días después de que Washington notificara la revocación de visados a altos funcionarios y exautoridades bolivianas bajo señalamientos de presuntos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.
- Denuncia de «secuestro» institucional: Desde el Ministerio Público boliviano calificaron el procedimiento como irregular y advirtieron sobre una «grave interferencia» al debido proceso y a la independencia de poderes. En tanto, la defensa de Mariaca solicitó que se respeten las garantías constitucionales mientras se esclarecen las imputaciones.
- Sesión clave en el Congreso: La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia confirmó que sesionará el próximo 5 de octubre para debatir la conformación de una comisión especial que evalúe las informaciones remitidas por las autoridades estadounidenses.
El sorpresivo arresto del fiscal que llevaba adelante las investigaciones más sensibles del país genera incertidumbre sobre el futuro judicial de las causas en curso y añade un elemento de alta volatilidad al tablero político regional.