Más de 750.000 personas apoyan una demanda judicial contra la reforma a la Ley de Glaciares, que habilita proyectos mineros sobre reservas de agua y fue aprobada con irregularidades y conflictos de interés.
TRES CLAVES:
1. La reforma aprobada el 9 de abril permite minería en áreas glaciares y periglaciares, poniendo en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.
2. Más de 100.000 personas quisieron participar en la audiencia pública, pero solo 300 pudieron hacerlo, sin debate real.
3. Legisladores con vínculos mineros votaron la reforma sin excusarse, lo que motivó denuncias penales por conflictos de interés.
La reforma a la Ley de Glaciares está considerada como un retroceso ambiental y legal porque vulnera principios constitucionales y tratados internacionales sobre protección ambiental.
Fue aprobada en un proceso cuestionado por falta de transparencia y participación ciudadana genuina.
En respuesta a este suceso, organizaciones sociales, científicas y comunidades locales que pueden verse perjudicadas impulsan la demanda colectiva más grande de la historia en defensa del agua y los glaciares en una acción que busca frenar la destrucción de ecosistemas vitales para el abastecimiento hídrico y la sostenibilidad regional.
Actualmente, la iniciativa cuenta con el respaldo de más de 750.000 firmas y continúa sumando adhesiones a nivel federal, evidenciando el rechazo social a la reforma y la voluntad de defender los recursos hídricos estratégicos para la Argentina.