El Ejecutivo envió al Senado un proyecto que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad, endureciendo los requisitos para obtener pensiones por invalidez en una iniciativa que busca eliminar supuestos fraudes, pero genera críticas por afectar a uno de los grupos sociales más vulnerables.
TRES CLAVES:
1. El proyecto reemplaza la Ley 27.793 tras eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad.
2. Propone un modelo centrado en la fiscalización y control para reducir irregularidades.
3. Organizaciones advierten que la medida reduce el gasto público a costa de personas con discapacidad.
El nuevo proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional propone un cambio radical en la política de pensiones por invalidez, desplazando el enfoque social hacia un esquema de estricta fiscalización.
Pero los familiars de las personas con discapacidad Denuncian que la iniciativa busca endurecer los requisitos para acceder a estos beneficios, argumentando la necesidad de combatir fraudes detectados en el sistema actual que, hasta ahora, tampoco fueron denunciados ante la justicia por las autoridades.
Esta propuesta surge tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la intención de reemplazar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había recibido fallos judiciales adversos para el Gobierno.
La medida ya generó rechazo por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos, que consideran que la reforma pone en riesgo la protección de personas con discapacidad, limitando su acceso a recursos esenciales para seguir viviendo.
El debate en el Senado se anticipa complejo, enfrentando la visión oficial de transparencia y control con la defensa de los derechos humanos y sociales de los sectores vulnerables.
La aprobación o rechazo de esta ley definirá el futuro del sistema de protección social para personas con discapacidad en toda la Argentina.