A través de un comunicado poco habitual, el máximo tribunal precisó que la reciente resolución no implica una postura a favor del DNU del Gobierno ni valida la venta de tierras a extranjeros sin límite.
En un movimiento poco frecuente en la dinámica institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una aclaración pública tras la conmoción política que generó su última sentencia vinculada al régimen de propiedad de tierras en la Argentina. El tribunal remarcó que su decisión se limitó estrictamente a un aspecto técnico-procesal y negó haber validado la constitucionalidad del DNU que desreguló el sector.
La controversia se encendió luego de que el máximo tribunal desestimara una presentación judicial dictaminando que la entidad demandante carecía de legitimidad activa para realizar el reclamo. Dicha resolución dejó vigente en la práctica la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo que elimina las restricciones a la venta de campos y terrenos a inversores extranjeros.
Los puntos centrales de la aclaración judicial
Frente a las fuertes críticas vertidas desde sectores de la oposición y de especialistas en derecho constitucional, el Palacio de Tribunales buscó fijar límites claros sobre el alcance de su decisión:
- Sin pronunciamiento sobre el fondo: El tribunal enfatizó que «se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como Ley de Tierras cuando lleguen los reclamos correspondientes» por las vías procesales adecuadas, lo que según indicaron no ha sucedido aún en esa causa.
- Inexistencia de doctrina previa: Desde la Corte remarcaron que «no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de sus ministros sobre el referido régimen».
- Vías abiertas a la ciudadanía: La aclaración recordó que existen otros procesos judiciales en trámite y que cualquier ciudadano o entidad legitimada que considere que la venta irrestricta de tierras vulnera la Constitución puede solicitar las medidas cautelares o los amparos correspondientes.
El mensaje del tribunal busca amortiguar la discusión pública y dejar en claro que la contienda de fondo sobre la derogación de la Ley de Tierras sigue abierta en el plano judicial y parlamentario.