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ATE protestó en la sede de Fabricaciones Militares y advirtió sobre un proceso de privatización encubierta

El gremio realizó una manifestación en el centro porteño para frenar la licitación de unidades productivas. Denuncian que la medida vulnera la soberanía en materia de Defensa y recurrirán a la Justicia.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante una protesta frente a la sede central de Fabricaciones Militares, en la Ciudad de Buenos Aires, para manifestar un tajante rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional que busca privatizar y conceder a capitales privados áreas estratégicas de la empresa estatal dedicada a la producción de armamentos, insumos y municiones.

La movilización funcionó como cierre de un plan de lucha que incluyó asambleas regionales durante las últimas jornadas en los centros productivos de Fray Luis Beltrán (Santa Fe), Villa María y Río Tercero (Córdoba). Desde la conducción sindical advirtieron que la licitación no solo pone en riesgo la estabilidad laboral del sector, sino que compromete directamente la soberanía nacional al entregar la provisión de pertrechos para las Fuerzas Armadas y de seguridad a operadores comerciales privados.

Cuestionamiento legal y acciones judiciales

Durante la jornada de protesta, los referentes de ATE denunciaron irregularidades en el encuadre normativo del proceso. Señalaron que la licitación promovida por el Ejecutivo se respalda en el DNU 70/2023, omitiendo que Fabricaciones Militares no fue incluida en el listado de empresas públicas sujetas a privatización aprobadas por el Congreso en la Ley Bases.

Ante esta situación, la organización confirmó la presentación de un recurso administrativo ante las autoridades y una medida cautelar en la Justicia para exigir la anulación inmediata de los pliegos.

Los puntos centrales del reclamo

  • Soberanía y Defensa: Advierten que la cesión de líneas productivas estratégicas dejará al Estado como una entidad «residual» y dependiente de terceros para el abastecimiento de pertrechos de las Fuerzas Armadas.
  • Precarización laboral: Advierten que el traspaso hacia operadores privados implicaría desplazar a los trabajadores del convenio colectivo específico del sector para reencuadrarlos en la Ley de Contrato de Trabajo, perdiendo conquistas laborales.
  • Cláusulas de exclusividad: Denuncian que las condiciones dispuestas en los pliegos prohíben al propio Estado competir en los renglones licitados, otorgando monopolios comerciales a empresas privadas.

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