El régimen de excepción en El Salvador detuvo a más de 90.000 personas y disminuido la violencia, pero organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre violaciones y detenciones sin pruebas.
TRES CLAVES:
1. Más del 36% de los detenidos en El Salvador no figuraban como pandilleros en registros previos.
2. Se han registrado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos desde marzo de 2022.
3. Más de 500 personas murieron bajo custodia estatal durante el régimen de excepción salvadoreño.
Desde marzo de 2022, El Salvador aplica un régimen de excepción que permitió una drástica caída en los homicidios y la recuperación de territorios controlados por pandillas.
El Gobierno atribuye estos resultados a la detención masiva de más de 91.000 personas, aunque un porcentaje significativo fue aprehendido sin antecedentes vinculados al delito.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que estas medidas implican abusos sistemáticos como detenciones sin pruebas suficientes y la suspensión de garantías judiciales básicas, lo que ha generado miles de denuncias y muertes en custodia.
Expertos advierten que este modelo, aunque efectivo a corto plazo, erosiona el estado de derecho y no es sostenible ni recomendable para otros países con contextos complejos.
El debate sobre la seguridad con mano dura frente a la protección de derechos legales continúa en la región, mientras algunos gobiernos exploran iniciativas similares sin replicar la suspensión del debido proceso.
El modelo de Bukele sigue siendo un ejemplo controvertido de resultados rápidos con costos sociales y legales significativos.